El proceso para la obtención de una concesión o un permiso de explotación minera en Perú es el que sufre mayores demoras en todo el mundo, según se recoge en el Índice de Competitividad Minera, presentado en el foro Perumin2919. A la cola en los procesos de concesión se encuentran además países como Canadá, Chile, Australia, Sudáfrica y Colombia.
El informe analiza cinco indicadores: potencial geológico, política tributaria, infraestructura, regulación y entorno social. Perú queda en muy mala posición: ocupa el último lugar en todos ellos, salvo en los dos primeros: geología en 3ª posición y política tributaria, en 5º lugar. Durante la presentación del estudio, elaborado por Macroconsult, se señaló que resulta «particularmente preocupante» el caso de las infraestructuras, debido a que Perú tiene las cadenas logísticas más difíciles del mundo debido a la altitud a la que operan buena parte de las explotaciones mineras y a la dificultad de los accesos. [vc_separator type=»transparent»]
La concesión de permisos para minería se puede demorar en Perú hasta 8 meses, frente a los 44 días en Suráfrica y los 4 meses en Australia. En el caso de los permisos para la explotación inicial (primeras perforaciones) pueden tardar hasta 2 años en Perú, frente a los dos meses de Canadá. [vc_separator type=»transparent»]
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Optimización de la Ley General de Minería.
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El presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra, anunció la primera semana de septiembre la intención del ejecutivo de optimizar la actual Ley General de Minería. Este proceso, concretó, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, “una revisión normativa para mejorar lo bueno que tenemos para que la minería peruana sea más sostenible y competitiva en atraer inversiones”. El problema no estaría tanto en la Ley General de Minería, sino en otras normas y leyes conexas que sí deben ser modificadas, es el caso de la Ley del Canon, la Ley de Consulta Previa y muchas otras normas tributarias que no están reguladas por la Ley general de minería. Con la actualización de esta regiulación, se pretenden acortar los plazos para la obtención de licencias y permisos.[vc_separator type=»transparent»]
La iniciativa para actualizar la legislación que afecta a la actividad minera proviene del grupo de gobernadores de la Mancomunidad del Sur, quienes presentaron el pasado agosto en Tacna un borrador legislativo. El grupo Nuevo Perú también presentó su propia iniciativa. Ambas plantean la consulta previa y la licencia social como condición para los futuros proyectos, también que las mineras realicen mayores aporte económicos para reducir la brecha social en los territorios afectados por la explotaciones y que los periodos de concesión sean menores. [vc_separator type=»normal»]
El Índice de Competitividad Minera sitúa a Perú en el penúltimo lugar de una muestra de seis países mineros que compiten por inversiones.
